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Grupos de derechos civiles anuncian una demanda conjunta contra la ley de Arizona

Phoenix, 29 abr (EFE).- El Fondo Mexicano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional de Leyes de inmigración (NILC) anunciaron hoy una demanda contra la ley de Arizona SB1070, la primera en EEUU que criminaliza a los inmigrantes indocumentados.

“El día de hoy las tres organizaciones de mayor experiencia en la defensa de los derechos civiles en la nación nos hemos reunido para anunciar un esfuerzo para retar la legitimidad de la ley estatal SB1070”, dijo Thomas A. Saenz, presidente de MALDEF en conferencia de prensa frente al Capitolio estatal en Phoenix.

Saenz calificó la nueva regulación como “anticonstitucional” y “discriminatoria” y aseguró que viola los derechos civiles de los latinos en Arizona sin importar su estatus migratorio.

Phoenix, 29 abr (EFE).- El Fondo Mexicano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional de Leyes de inmigración (NILC) anunciaron hoy una demanda contra la ley de Arizona SB1070, la primera en EEUU que criminaliza a los inmigrantes indocumentados.

“El día de hoy las tres organizaciones de mayor experiencia en la defensa de los derechos civiles en la nación nos hemos reunido para anunciar un esfuerzo para retar la legitimidad de la ley estatal SB1070”, dijo Thomas A. Saenz, presidente de MALDEF en conferencia de prensa frente al Capitolio estatal en Phoenix.

Saenz calificó la nueva regulación como “anticonstitucional” y “discriminatoria” y aseguró que viola los derechos civiles de los latinos en Arizona sin importar su estatus migratorio.

El presidente de MALDEF dijo a Efe que aún no hay una fecha para presentar la querella pero podría ser el próximo mes.

“Esta ley estatal solamente incrementará de forma desenfrenada la práctica del perfil racial que ya existe en Arizona”, sostuvo Alessandra Soler Meetze, directora ejecutiva de ACLU en Arizona.

Añadió que al momento en que entre en vigor, posiblemente en agosto, todos las personas tendrán que portar documentación que pruebe su estatus en EEUU al momento de salir a las calles para evitar ser arrestados.

“Es un momento muy triste en la historia de nuestro país cuando a la policía se le obliga a pedir documentos a las personas en las calles”, enfatizó la activista.

La coalición de grupos defensores de los derechos civiles y los inmigrantes advirtió que existen varios problemas constitucionales con la SB1070 porque viola la cláusula de interferencia con el poder del Gobierno federal para ejercer las leyes de inmigración.

En opinión de Dolores Huerta, cofundadora del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), en Arizona se está atacando a un segmento completo de la población, en este caso los latinos.

“No debemos retroceder ni una pulgada ante los esfuerzos de Arizona para acusar a nuestra comunidad de todas las enfermedades de este estado y sus esfuerzos de sacarnos de aquí”, defendió la activista.

Afirmó que los latinos han trabajado las tierras de Arizona, construido y mantenido sus edificios y sacrificado tanto como cualquier otro grupo.

La cantante mexicoamericana Linda Ronstadt también se unió al coro de voces que condena la legislación promulgada por la gobernadora Jan Brewer el pasado viernes.

“Lo que la gobernadora Brewer firmó es una legislación que amenaza el corazón de este gran estado, debemos unirnos y evitar que la SB1070 ponga a vecino contra vecino y nos perjudique a todos”, dijo la artista.

El anuncio de ACLU, MALDEF y NILC coincidió con la presentación de las primeras dos demandas contra de la ley estatal.

Esta mañana, la Coalición Nacional de Clérigos y Líderes Cristianos Hispanos (CONLAMIC) introdujo una querella en la Corte Federal en Phoenix en contra de la implementación de la SB1070.

Mientras que en la Corte Federal en la ciudad de Tucson, también hoy Martin H. Escobar, agente del Departamento de Policía de la Ciudad de Tucson, presentó una demanda en la que asegura que la SB1070 viola numerosos derechos constitucionales y se convierte en un obstáculo para que la policía pueda hacer su trabajo, particularmente en barrios latinos.

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